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Sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento a readmitir a una educadora social que prestaba sus servicios en una de las Asociaciones de Barrio contratadas para el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria desde 2016

Podemos Ahal Dugu Navarra, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre muestran su satisfacción por la sentencia del Juzgado nº 2 de lo Social que condena al Ayuntamiento de Pamplona a readmitir a una educadora social, contratada desde 2016 por una de las Asociaciones adjudicataria del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria en un barrio de Pamplona.

Recordamos que el Ayuntamiento de Pamplona, con los votos de Navarra+ y del PSN aprobó en noviembre de 2020 el cambio de gestión de este importantísimo servicio, por el que pretendían prestarlo de forma directa y con medios propios.

El cambio de gestión dejaba en la estacada a las 8 Asociaciones Infanto-juveniles radicadas en los barrios de Pamplona, algunas con más de 25 años de experiencia y despedir a todos y todas sus profesionales, haciendo de paso un daño irreparable a miles de chicas y chicos de los barrios, que perderían de golpe y porrazo toda una referencia en su ocio y tiempo libre, su formación y el trabajo en red con otros recursos educativos, sanitarios y sociales del barrio para prevenir, detectar y tratar situaciones de desprotección, de no ser por la capacidad de su voluntariado para reorganizarse y reinventarse.

El Ayuntamiento puede cambiar de modo de gestión de un servicio, pero lo que no puede es despedir a quienes lo prestan para contratar a otras personas y eso es lo que le recuerda esta sentencia a la que seguirán otras similares con toda probabilidad porque la obligación de subrogar a trabajadoras que prestan un determinado servicio está ya muy garantizada por la jurisprudencia.

Es un buen momento para que el Ayuntamiento de Pamplona, el alcalde Maya y la concejala del PSN, Esporrín asuman el error cometido e intenten paliar el daño causado. Si de verdad quieren trabajar por la infancia y la adolescencia desde los barrios de la ciudad, contando con su participación activa y reconociendo la capacidad protectora de su entorno más cercano, que es como hay que hacerlo, deberían readmitir a los y las profesionales despedidas, evitando de paso un mayor gasto público en las indemnizaciones por despido que tienen obligación de pagar en caso de no readmisión.

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