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¿Ley de Amnistía?

Carlos Guzmán Pérez, Coordinador General de Izquierda Unida de Navarra y Portavoz Parlamentario de Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa

 

Hace unos días, en el primer pleno ordinario de esta legislatura, los distintos Grupos presentes en el Parlamento de Navarra sometimos a discusión distintas Mociones que señalaban nuestras prioridades políticas para la recién iniciada legislatura. Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa debatimos sobre Banca Pública, UPN de prestaciones sanitarias y de política educativa, PSN sobre el Plan de Industria, EH Bildu de la gestión sanitaria de las enfermedades comunes, Geroa Bai de la reforma de la Administración Local… y el Partido Popular, sometió a debate una Moción sobre una hipotética Ley de Amnistía, sabido por todos y todas que ésta es hoy en día una de las principales preocupaciones de los navarros y navarras…

El contenido de la Moción popular, dibuja a la perfección la alocada carrera a ninguna parte en la que se halla inmerso el señor Feijóo y el conjunto del Partido Popular. La citada Moción, tenía por único objetivo seguir generando ruido y enfrentamiento entre los españoles y las españolas, e intentar dificultar la investidura y la conformación de un nuevo Gobierno de coalición progresista.

Las formaciones políticas que hoy conformamos la coalición Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa, llevamos más de una década enmarcando la realidad socio-política actual de Cataluña en el proceso político iniciado tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 que declaró inconstitucional una serie de artículos del Estatut de Cataluña, aprobado por la Cortes y ampliamente ratificado en referéndum por el pueblo catalán. Hoy resulta innegable que existe una desconexión entre amplias capas del pueblo catalán y el resto de España. Desconexión que en su día derivó en el frustrante proceso que culminó en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Todo este proceso, tuvo lugar mientras gobernaba España el Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy, quien fue absolutamente incapaz de encauzar el conflicto por la vía del dialogo.

Desde entonces se han abierto decenas de causas judiciales contra las personas involucradas en la preparación o ejecución del referéndum, en las que se enjuician conductas de presunta desobediencia, prevaricación, malversación o por incidentes acaecidos en actos de protesta o desobediencia civil. Alrededor de 1.400 personas están imputadas o enjuiciadas por actos relacionados con el referéndum de 2017, entre ellos, por ejemplo, concejales de pueblos o directores de escuelas que autorizaron el uso de espacios para la realización del referéndum del 1 de octubre.

Hoy, una vez más, la izquierda política que representamos Izquierda Unida y Contigo Navarra decimos alto y claro, que ante un problema político como el existente hoy en Cataluña, debemos buscar una solución política, debatida, negociada y consensuada que busque la normalización política en Cataluña.

El PP está vociferando constantemente que la hipotética Ley de Amnistía no tendría encuadre en el marco legal actual, lo cual jurídicamente es evidentemente falso. La Constitución no prohíbe ni la amnistía ni su otorgamiento, cuestión que si realiza en su artículo 62 con los indultos generales. No se puede interpretar la Constitución en demérito de las potestades del legislativo; se ha de interpretar tomando en consideración el papel central de las Cortes Generales. El Poder Legislativo puede y debe atender a circunstancias no previstas por la propia Constitución, como es el caso.

El Tribunal Constitucional, en 1983 y 1986, abordó la cuestión de la amnistía sin cerrar su utilización en el momento que fuese preciso, estableciendo que «sólo el legislador -desde la igualdad- podrá integrar el derecho que permita la aplicación en cada caso de la amnistía». La amnistía comporta necesariamente la preexistencia de un delito, su otorgamiento implica la extinción de responsabilidad criminal por el hecho cometido, pero no supone la despenalización de una conducta si se vuelve a cometer un delito posterior de naturaleza similar. Es decir, no es una patente de corso para volver a realizar las mismas conductas, como parece sugerirse por quienes hoy son contrarios a esta medida.

Hoy, el Partido Popular y el conjunto de la derecha española, se ha embarcado en una cruzada contra una posible amnistía mientras olvida que sus gobiernos amnistiaron a miles de personas que habían defraudado a la hacienda pública. En España, desde 1996, han tenido lugar hasta cuatro amnistías patrocinadas por los diferentes gobiernos del PP en materia fiscal. Las consecuencias de estas amnistías fiscales también tuvieron su reflejo en el ámbito penal, y los grandes defraudadores también evitaron la apertura de procedimientos por delitos fiscales. La más importante de estas amnistías fiscales, es la que se produjo en el año 2012 bajo el gobierno de Mariano Rajoy siendo ministro de Economía Cristóbal Montoro. Más de 30.000 personas, entre ellas los Pujol, Rato, Bárcenas, los Franco, o Diego Torres, el ex socio de Urdangarín se beneficiaron de ella.

Pero no solo eso, los distintos Gobiernos populares han venido aplicando distintos indultos masivos en las últimas décadas. El 1 de diciembre de 2000, el señor Aznar, siendo ministro de Justicia Ángel Acebes, aprobó 1.443 indultos en un mismo Consejo de Ministros. ¿Y cuál fue el motivo?, como gesto hacia el por entonces Papa con el motivo de la coincidencia del fin del milenio con el fin del año jubilar. ¡Toma ya estado aconfesional!  En 1996, 15 exmiembros de Terra Lliure fueron indultados por un Gobierno del PP. En 1998, un Gobierno también popular indultó parcialmente a los señores Barrionuevo y Vera, condenados por las acciones de los GAL. O en el 2012, un gobierno del PP, también indultó a los dos únicos condenados del YAK-42. En definitiva, la hemeroteca debería hacer una profunda y honesta reflexión al respecto a los señores y señoras de la derecha española.

En cualquier caso, lo que más preocupa al conjunto de españoles y españolas no es sí se aprueba o no una Ley de Amnistía. Lo que realmente preocupa a la ciudadanía española es el proyecto político que el señor Feijóo y el conjunto del Partido Popular tienen para nuestro país y que pretenden esconder tras el acalorado debate de la Amnistía. Un proyecto oscuro y tenebroso, en el que la derecha tradicional pueda llegar a cogobernar con la ultraderecha. Por desgracia, hoy son ya 11 millones cuatrocientos mil españoles los que sufren cogobiernos autonómicos de la extrema derecha. Y la izquierda alternativa que representa hoy en Navarra nuestra coalición, debe hacer siempre todo cuanto esté en su mano para evitar que la ultraderecha pueda acceder al gobierno de todos los españoles y españolas.

La semana pasada, asistimos en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Navarra a la evidente demostración de que, por suerte, los intereses del Partido Popular no coinciden lo más mínimo con los intereses de los navarros y navarras ni con los del conjunto de los españoles y de las españolas. Frente al ruido interesado, la izquierda alternativa, de la cual formamos parte, seguirá trabajando por la construcción de una Tercera República Española, que desde el federalismo dé acomodo a la plurinacionalidad de nuestro país, y que permita la convivencia fraternal de las distintas regiones y naciones que conforman nuestro estado.

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