La Renta Garantizada, la mejor herramienta en la lucha contra la pobreza

Durante este curso político si un debate se está dando recurrentemente en Navarra, ese es el del presente, pero sobre todo el del futuro, de la Renta Garantizada. De hecho, hace unos meses, la Presidenta Chivite anunció la próxima revisión y reforma de este importante derecho social.

Nos tenemos que remontar al 3 de noviembre de 2016, cuando el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. Esta Ley tenía por objeto promover la integración socio-laboral mediante procesos personalizados, y regular el acceso a la Renta Garantizada en cuanto prestación básica, económica y periódica destinada a personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Esta nueva prestación que se creaba, la Renta Garantizada, tenía por objeto sustituir la por entonces existente Renta de Inclusión Social (RIS).

Posteriormente, el Gobierno de Navarra aprobó el Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, para dotar de desarrollo reglamentario a la ley señalada, de modo que el acceso y ejercicio de ambos derechos sea lo más transparente, objetivo y ágil preciso.

Tal y como recoge la propia página web del Gobierno de Navarra, el objetivo de esta prestación económica es “garantizar el mínimo para una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza”, de manera complementaria de cualquier otro ingreso al que se pueda tener derecho. Además, esta prestación tiene una clara orientación a garantizar la protección de la infancia; recordemos que la causa principal de la pobreza infantil es la falta de empleo o ingresos insuficientes de los progenitores.

El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los diversos instrumentos de desarrollo de la misma consagran, entre otros derechos económicos, sociales y culturales, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Este derecho a un nivel de vida adecuado es el fundamento de la protección social en casos de vulnerabilidad o exclusión social o en riesgo de estarlo, y en consecuencia comporta la responsabilidad de los poderes públicos ante las personas que por circunstancias diversas se encuentran en tales situaciones.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales presenta una estrategia más ambiciosa que otras actuaciones europeas precedentes en cuanto a la garantía de unos ingresos mínimos. De acuerdo con el 14º principio de dicho Pilar, “Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral”. El Plan de Acción lanzado en 2021 está dirigido a conseguir una convergencia por arriba en la lucha contra la pobreza. Para ello, la propuesta de Recomendaciones de la Comisión para el Consejo Europeo plantea mejorar la adecuación de las cuantías, mejorar la cobertura, reforzar el acceso al empleo inclusivo y a los servicios esenciales y promover un apoyo individualizado. De acuerdo con esta propuesta de la Comisión Europea, para que sea adecuada, la cuantía de la renta garantizada debe acercarse al umbral de pobreza de cada Estado Miembro.

Debemos señalar que la puesta en marcha por parte del Gobierno de España del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto un alivio para el esfuerzo presupuestario foral, pero requiere mantener un esfuerzo complementario para adecuarse a las necesidades específicas de Navarra, con un nivel de renta, unos precios y unas necesidades sociales claramente por encima de las de la media del Estado. Por ello, como reivindican buena parte de las entidades sociales de Navarra, nos parece razonable que el ahorro financiero que supone el IMV para las arcas forales no se detraiga del esfuerzo de Navarra en la lucha contra la pobreza, sino que se dedique a mejorar la cobertura de la Renta Garantizada y a potenciar los instrumentos para la inclusión social.

Diversos estudios nos demuestran de forma fehaciente que la Renta Garantizada es una de las mejores herramientas de las que dispone la administración pública de Navarra para luchar contra la pobreza y contra la vulnerabilidad social. A pesar de ello, son constantes los discursos que critican esta prestación y que abogan por su reforma restrictiva. No nos engañemos, esto no es nuevo ni muchos menos. Frente a estos discursos interesados, quienes creemos en la justicia social debemos seguir defendiendo este necesario Derecho Social.

Hace unos días, el Parlamento de Navarra aprobó una importante Moción de la coalición Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa, que dibuja una hoja de ruta clara al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra. Respaldar la Renta Garantizada como una de las mejores herramientas de las que dispone la administración pública de Navarra para luchar contra la pobreza y contra la vulnerabilidad social, consolidando, fortaleciendo y ampliando la Renta Garantizada como un imprescindible Derecho Social, garantizando que llegue a todas las personas que lo necesitan y adecuando las cuantías a las necesidades de los distintos hogares. Desarrollar los incentivos al empleo previstos en la actual Ley Foral y solamente desarrollados en su primera fase a pesar de su positiva evaluación. Desarrollar los protocolos y los mecanismos de colaboración entre los servicios sociales y los servicios de empleo para hacer efectivo el derecho a una oferta de empleo adecuado que garantiza la Ley Foral y el Decreto Foral que la desarrolla para todas las personas que están en condiciones de trabajar. Y ya por último y no menos importante, reforzar los programas de inclusión de la atención primaria de servicios sociales, en colaboración con los desarrollados por diversas entidades sociales, de forma que pueda ofrecerse un acompañamiento social de calidad para todas las personas perceptoras de la Renta Garantizada y del Ingreso Mínimo Vital que lo requieran.

Hace unos años, la Renta Garantizada hizo a Navarra una mejor comunidad, poniendo en el horizonte de su acción protectora a las personas más vulnerables. El reto actual sigue siendo el mismo, que todos los navarros y navarras, en especial los y las que más dificultades puedan tener, por el simple hecho de ser personas, puedan desarrollar sus vidas de manera digna y feliz.