Espacio público, simbología franquista y revictimización

El 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales, se proclamaba la II República Española y el rey Alfonso XIII huía de nuestro país. Con la llegada de la II República, un sistema cuasi feudal como el español, en apenas un puñado de años, se modernizó en lo económico, en lo político y en lo social de manera desconocida hasta la fecha. Por primera vez en mucho tiempo, España podía mirar de tú a tú a las principales potencias europeas. Se descentralizó la administración del estado y se implementó la separación de poderes, la mujer conquistó el derecho al voto y otros derechos civiles, se implementó la reforma agraria que mejoró las condiciones de vida de la España jornalera, se implementó la separación entre la Iglesia y el Estado, se consolidó un sistema de sanidad pública, se fortaleció la educación pública y gratuita, se constitucionalizó la renuncia de la guerra como mecanismo de política nacional, y sobre todo, se garantizó constitucionalmente la plena igualdad entre todos los españoles y españolas ante la ley.

La derecha monárquica y conservadora de aquella época, confabulada con la jerarquía de la Iglesia Católica y con el fascismo europeo, no pudo tolerar aquella esperanzadora ola renovadora, y el 18 de julio de 1936 perpetró un golpe de estado contra la legítima II República Española. Un golpe de estado de eminente carácter fascista.

La España de bien, la republicana, la trabajadora, no se amilanó, y logró resistir inicialmente a aquel golpe de estado, iniciándose así una larga guerra entre los sublevados fascistas y los demócratas que defendieron el sistema constitucional. Las Milicias Obreras y Campesinas, el Quinto Regimiento, el Ejercito Popular, las Brigadas Internacionales… La historia más heroica de los y las demócratas de nuestro país se escribió en aquellos duros días que tuvieron lugar entre julio de 1936 y abril de 1939. La desdichada historia posterior ya la conocemos todos y todas, cuarenta largos años de dictadura nacionalcatólica que hundieron a nuestro país en una oscura y sangrienta cuneta.

Con la conquista de la democracia en 1978 no se cerraron las viejas heridas ni mucho menos. Un millón de cuerpos desaparecidos, decenas de miles de familias rotas, cientos de miles de españoles y españolas represaliados, y sobre todo, 40 años de continua humillación a las víctimas de la dictadura en el espacio público y privado.

Durante esos 40 largos año de dictadura nacionalcatólica, nuestro país se llenó de monumentos, placas, estatuas o nomenclaturas oficiales que hacían referencia a la institucionalidad franquista. No fue hasta hace unas pocas décadas, cuando los movimientos memorialistas lograron coger impulso para oxigenar nuestra historia reciente, e impulsaron potentemente los trabajos para recuperar y dignificar nuestra memoria histórica y democrática.

Desde que en 2016 el Gobierno de Navarra puso en marcha el primer censo de simbología franquista, más de 460 símbolos franquistas han sido identificados en nuestra tierra. De todos ellos, más de 300 han sido ya retirados por las distintas actuaciones del Gobierno de Navarra, y también, a veces de manera reivindicativa, por parte del activismo militante. Pero aun así, aún existen decenas de estos símbolos a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Cuando hablamos de vestigios del franquismo no solo debemos pensar en una laureada o en un yugo y unas flechas colgados de una pared que nos retraten a un pasado oscuro. Debemos pensar en una simbología que durante décadas y décadas humilló y revictimizó a las víctimas de la dictadura, y que por desgracia, lo sigue haciendo a día de hoy. Un gobierno democrático, en materia de memoria histórica y democrática debe afanarse en garantizar espacios públicos amables y sensibles para las víctimas, que indudablemente son absolutamente incompatibles con la existencia de simbología de la dictadura. En este sentido, desde hace años existe legislación autonómica y estatal, encaminada a reglamentar la retirada de esta simbología.

Aun y todo, a lo largo y ancho de todo el país, y también aquí en Navarra, aun existen personas físicas y jurídicas, propietarias de inmuebles que mantienen simbología franquista con proyección a espacios públicos, que como titulares y propietarios de los mismos no solo se niegan de forma premeditada a su retirada, lo cual está sobradamente reglamentado por la legislación actual. Sino que además, para más inri, estas personas físicas o jurídicas incumplidoras de la legislación en materia de memoria democrática, están siendo perceptoras de ayudas o subvenciones públicas de diversa índole. A nuestro entender, una autentica aberración democrática.

Tal y como recoge el censo de simbología franquista en Navarra de la Comisión técnica de Memoria Histórica del Gobierno de Navarra, existe una reproducción del escudo de Navarra con la cruz laureada de San Fernando en un espacio público, el frontis de una fachada del edificio sito en la Calle Santa Bárbara 40 de Corella. Este edificio es propiedad de la empresa Bodegas Camilo Castilla. Pues bien, realizando una simple búsqueda en un buscador de internet, encontramos varias notas de prensa del Gobierno de Navarra relativas a distintas ayudas concedidas a esta empresa y a otras de su sector. La última de las ayudas de la que podemos tener constancia, es la abonada por el Gobierno de Navarra a finales del año 2020, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, como subvención excepcional para empresas de destilación para hacer frente a la crisis causada por el COVID-19.

Otro ejemplo más generalizado, es el de las placas del Instituto Nacional de Vivienda. Estas placas, que contienen de manera bien visible el yugo y las flechas falangistas, han decorado tenebrosamente durante décadas y décadas los edificios de viviendas de todas las ciudades y pueblos de nuestro país. Pues bien, miles de comunidades de propietarios en cuyas fachadas se exhibía esta tenebrosa distinción, han recibido subvenciones públicas por ejemplo para instalar un ascensor, para rehabilitar un tejado o incluso para rehabilitar la propia fachada (manteniendo incluso la placa tras la rehabilitación de la fachada). También, han sido miles los vecinos o vecinas que han recibido alguna subvención particular para realizar alguna intervención en su propio inmueble, por ejemplo, para la rehabilitación o sustitución de la carpintería exterior, contando con una de estas placas en la fachada de su edificio.

Es evidente que lo relatado se trata de una aberración incongruente, que requiere de la máxima atención de las Administraciones Públicas. La legislación en materia de Memoria Histórica y Democrática reglamenta lo relativo a los “Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”, y, a la “Privación de subvenciones” por atentar, alentar y tolerar prácticas en contra de la memoria democrática. Pero, como apreciamos, su cumplimiento en muchas ocasiones resulta cuanto menos deficiente.

Las administraciones públicas debemos dejar de mirar de manera cómplice y complaciente hacia otro lado, y de manera coherente y valiente debemos aplicar cuantas medidas estén a nuestro alcance en materia de simbología de la dictadura, como el condicionamiento de las ayudas y subvenciones públicas al cumplimiento escrupuloso de la legislación memorialista, para que ninguna víctima del franquismo vuelva a ser revictimizada en un espacio público.