El próximo jueves 30 de octubre, el Parlamento de Navarra debatirá una Proposición de Ley Foral para la instauración de una Moratoria en Navarra a la instalación de Plantas de Biometanización. ¿Por qué algunos grupos políticos hemos asumido esta reivindicación de buena parte de los movimientos ecologistas de Navarra? Simplemente, porque consideramos que es necesario priorizar el interés general al interés privado, y porque es necesario un ecosistema normativo que reglamente el despliegue de esta tecnología en auge de manera garantista.
Tenemos que ser conscientes de que la transición energética y la descarbonización de la economía son objetivos ineludibles en el contexto de la lucha contra el cambio climático. En este proceso, las energías renovables desempeñan un papel clave, y entre ellas, el biogás y el biometano han sido identificados como tecnologías con potencial para contribuir a la economía circular, la gestión de residuos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La valorización de residuos orgánicos procedentes de la ganadería, la agricultura, la industria alimentaria y los residuos urbanos ofrece indudables oportunidades: evitar la emisión de metano a la atmósfera, generar energía renovable aprovechable en usos térmicos o en transporte, y producir fertilizantes que pueden tener utilidad agrícola. En determinadas condiciones, estas plantas pueden ser una herramienta de transición hacia un modelo energético más sostenible. Tenemos que alejar de la polémica a las pequeñas instalaciones de carácter cooperativo y de autoconsumo, las cuales no deben confundirse con los grandes proyectos de alto impacto.
No obstante, es necesario señalar que este potencial no está exento de contradicciones y riesgos. El despliegue de plantas de biogás y biometano se enmarca, en muchos casos, dentro de una lógica de transición energética de carácter neoliberal, donde el énfasis recae en proyectos industriales a gran escala, financiados con fondos públicos y orientados al beneficio de grandes corporaciones, sin cuestionar los límites del modelo de crecimiento económico ilimitado. Bajo este enfoque, la tecnología corre el riesgo de convertirse en un simple “parche verde” que maquille las externalidades ambientales y sociales de sectores tan intensivos en impactos como la ganadería industrial.
La interrelación entre estas plantas y el modelo de ganadería intensiva es especialmente preocupante. En lugar de promover una reducción de la cabaña ganadera y un cambio hacia sistemas agroecológicos sostenibles, la proliferación de proyectos de biogás puede servir como incentivo para la apertura y ampliación de macrogranjas. Esto no solo multiplica los problemas de contaminación de aguas y suelos por nitratos y amoníaco, sino que perpetúa un modelo de producción que depende de la importación masiva de piensos del sur global, con los consiguientes impactos sociales y ambientales fuera de nuestras fronteras.
Además, el balance climático de estas instalaciones requiere un análisis realista y completo. Si bien capturan metano, sus procesos también implican consumos energéticos y emisiones derivadas del transporte y del propio funcionamiento industrial. Sin sistemas estrictos de control de fugas, el efecto climático neto puede ser incluso negativo, dado que el metano tiene un potencial de calentamiento global 87 veces superior al CO₂ en un horizonte de 20 años.
En Navarra, las plantas proyectadas han despertado una honda preocupación social por su proximidad a núcleos de población, por los posibles malos olores, por el riesgo de contaminación de suelos y acuíferos, por el elevado consumo de agua y por su notable impacto paisajístico. La movilización vecinal contra estas nuevas instalaciones está siendo constante y las alegaciones presentadas se cuentan por miles.
Desde el punto de vista económico, los proyectos de biogás suelen presentarse como una fuente de empleo y de ingresos fiscales. Sin embargo, la generación de puestos de trabajo directos es limitada y, si no se establecen mecanismos claros, los beneficios corren el riesgo de concentrarse en las empresas promotoras, sin repercusión real en la mejora de los servicios públicos o en el bienestar de las comunidades locales.
En definitiva, las plantas de biogás y biometano pueden desempeñar un papel en la transición energética, pero su desarrollo debe estar condicionado por criterios de sostenibilidad ambiental, justicia social y equilibrio territorial. Solo así se evitará que estas infraestructuras se conviertan en una coartada para mantener un modelo económico insostenible y se garantizará que contribuyan, de verdad, a una transición justa, ecológica y democrática.
En la actualidad, ante las incertidumbres existentes, es necesaria en Navarra una legislación que reglamente y planifique el despliegue ordenado y sostenible de estas plantas. El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra está elaborando ya un Decreto Foral regulador de la gestión de estiércoles y digestatos, por lo que como comunidad nos debemos de dotar de un marco temporal prudencial que permita diseñar y desarrollar la nueva legislación. Por lo tanto, a todas luces parece razonable paralizar el despliegue de estas plantas de biometanización hasta que se cuente con ese ecosistema normativo pertinente que garantice ese despliegue ordenado y sostenible.
En un ejercicio de filibusterismo político, en estos momentos hay quien está parapetándose en un informe de disconformidad de la Dirección General de Medio Ambiente para descafeinar completamente la preventiva capacidad protectora de la Moratoria. Las administraciones públicas deben velar siempre de manera diligente por el interés general, y en esta cuestión la diligencia pasa por proteger la sostenibilidad medioambiental con todas las herramientas a su alcance. Entiéndase, con la Moratoria más ambiciosa y efectiva posible.
La votación del próximo jueves día 30 no determinará solo la aprobación o no de una Ley Foral, determinará si el Parlamento de Navarra se posiciona de la mano del interés general y de la sostenibilidad medioambiental de Navarra, o si sucumbe a las poderosas pretensiones del interés privado.
Carlos Guzmán Pérez, Coordinador General de Izquierda Unida de Navarra y Portavoz Parlamentario de Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa
